BlackRock, Goldman y el presidente de la SEC piden aprobar la ley cripto, y el Senado no le da hueco: el receso empieza el 8 de agosto

En una semana, cinco de las mayores casas financieras de Estados Unidos han pedido en público que el Congreso apruebe la ley que reordena el mercado cripto: BlackRock, Fidelity, Franklin Templeton, Goldman Sachs y SoFi. Este martes se les sumó el presidente de la SEC, Paul Atkins, que escribió en X que está "comprometido a apoyar al Congreso en el avance de la CLARITY Act, incluida la asistencia técnica". Nunca hubo tanto peso institucional detrás del texto.

Y sigue sin fecha de votación. El líder de la mayoría, John Thune, ha puesto por delante los nombramientos judiciales y un paquete de sanciones a Rusia. El receso de verano del Senado arranca el 8 de agosto, así que a la ley le queda, según el recuento de CoinDesk, un puñado de días de sesión. El respaldo de Wall Street llega justo cuando ya no hay calendario donde gastarlo.

Qué firma exactamente Wall Street

La CLARITY Act reparte la competencia sobre los activos digitales entre la SEC y la CFTC: lo que funciona como valor se queda en la SEC, lo que funciona como materia prima digital pasa a la CFTC. Es la pieza que la industria lleva pidiendo desde antes de que existieran los ETF de bitcoin, porque hasta ahora la respuesta a "quién me regula" dependía de qué agencia demandara primero.

Los mensajes de esta semana son cortos y casi calcados. Franklin Templeton publicó en X que apoya la aprobación de la ley y que con ella "los inversores sabrían qué protecciones les aplican" y las empresas sabrían ante qué regulador responden. Fidelity habló de las "reglas del juego claras" que hacen falta para reforzar la confianza del inversor. Samara Cohen, directora general senior y responsable global de desarrollo de mercado de BlackRock, dijo a Politico que el texto es "un paso importante hacia un marco regulatorio para los activos digitales que pone al inversor primero".

La declaración más matizada es la del banco. El consejero delegado de Goldman Sachs, David Solomon, dijo la semana pasada que la ley "no es perfecta", pero que crearía "un terreno de juego nivelado que mejora la estabilidad del mercado y permite que estos mercados se desarrollen de forma adecuada". Su frase clave fue de proceso, no de contenido: apoya moverla ya para que empiece a haber estructura de mercado. Anthony Noto, de SoFi, lo llevó al terreno de la competencia entre países y pidió que el Congreso la apruebe "de inmediato".

El regulador que tendría que aplicarla también la pide

Que un presidente de la SEC pida por escrito una ley que le recorta parte de su terreno no es lo habitual. Atkins, nombrado por Donald Trump y juramentado el año pasado como el 34.º presidente de la agencia, acompañó su mensaje con un vídeo de una entrevista del lunes en CNBC y con una frase de encuadre: el liderazgo estadounidense en finanzas digitales pasa por darle a sus innovadores un marco regulatorio "digno de ellos".

El gesto tiene una lectura práctica más allá del titular. La SEC ya venía preparando su propia regla cripto, con exenciones y puerto seguro para emisores, porque el Congreso no llegaba. Ofrecer "asistencia técnica" al Senado es admitir que una ley aprobada resuelve más y aguanta mejor los tribunales que una norma que el siguiente presidente de la agencia puede deshacer. La diferencia entre reglamento y ley es cuánto cuesta darle marcha atrás.

Lo que bloquea la ley no es la cripto, son los depósitos

Aquí está el nudo que ninguna declaración de apoyo desata. JPMorgan Chase no está en la lista de firmantes: el banco lleva semanas enfrentado a Coinbase por las restricciones al rendimiento de las stablecoins y respalda los cambios que pide el sector bancario, con el argumento de que ciertos artículos darían a los emisores de stablecoins una ventaja injusta frente a los depósitos tradicionales.

El razonamiento de los lobbistas bancarios es aritmético. Si un exchange puede pagar un interés atractivo por un dólar tokenizado, el ahorrador mueve el dinero desde la cuenta corriente, y ahí está la base de depósitos con la que el banco presta. Coinbase y el resto de la industria responden que recortar eso vacía la ley y frena la innovación dentro de Estados Unidos. Los dos bandos dicen defender al consumidor y los dos están defendiendo un margen.

El otro nudo: quién puede emitir cripto desde un cargo público

Los negociadores del Senado presentaron hace unos días un texto actualizado que fusiona las propuestas de la Cámara y del Senado y que, por primera vez, detalla cómo funcionarían las restricciones éticas para altos cargos: prohíbe a los funcionarios del Gobierno y a sus familias emitir o promocionar criptomonedas. Es la cláusula que apunta directamente a los intereses cripto de Trump y la que más ha atascado la negociación durante meses.

No ha bastado. Un grupo de demócratas dijo la semana pasada, según Politico, que la ley en su forma actual se queda corta. Los republicanos siguen buscando apoyo bipartidista esta semana. Conviene recordar de dónde viene el texto: la Cámara de Representantes lo aprobó el año pasado con respaldo amplio de los dos partidos, y desde entonces el trámite se ha atascado en el Senado. El problema no es que nadie quiera la ley. Es que cada bloque quiere una versión distinta y ninguno tiene los votos para imponerla.

La otra cara: el mercado no se cree el respaldo

Si los avales institucionales movieran la probabilidad, se vería en las apuestas. No se ve. La probabilidad que Polymarket asigna a que la CLARITY Act se firme en 2026 cayó por debajo del 40% tras aparecer el nuevo borrador del Senado, hasta el entorno del 36,5% al 37%, desde un 43% el día anterior. Hubo un momento en que ese mismo mercado pagaba por encima del 70%.

La lectura incómoda para la industria es que los operadores no están valorando el entusiasmo, están valorando el calendario. Un aval de BlackRock no crea días de sesión en el Senado, y el bloqueo sobre el rendimiento de las stablecoins sigue exactamente donde estaba. Cabe también la interpretación contraria: el respaldo simultáneo del mayor gestor de activos del mundo y del regulador que aplicaría la ley cambia el coste político de dejarla morir, y eso rara vez se refleja en un mercado de predicción antes de que haya una votación agendada.

El precio, mientras tanto, va a lo suyo. El bitcoin se dejó cerca del 2,8% durante la sesión, hasta rondar los 63.400 dólares, arrastrado por la caída del 11% del Kospi surcoreano, y luego recuperó hasta unos 63.950. Lo que tiene sujeta a las mesas no es el Congreso, es la decisión de tipos de la Reserva Federal de este miércoles.

Lo que viene después

Primero, el calendario del Senado: si Thune no reserva tiempo de pleno en los próximos días de sesión, el receso del 8 de agosto convierte la ley en un asunto de otoño y todo el respaldo de esta semana queda como material de archivo.

Segundo, el rendimiento de las stablecoins. Es el artículo que decide si JPMorgan pasa de la oposición a la neutralidad. Cualquier redacción nueva sobre ese punto vale más que diez comunicados de apoyo.

Tercero, los demócratas concretos. La cláusula ética ya existe en el texto y siguen diciendo que no llega; la pregunta es qué palabra exacta piden cambiar y si ese cambio es aceptable en la Casa Blanca.

Cuarto, las apuestas: si la probabilidad en Polymarket vuelve a los cuarenta y tantos, alguien con información está viendo movimiento de calendario antes que la prensa. Y quinto, la SEC: si Atkins acelera su propia regla en lugar de esperar, es la confesión de que en la agencia ya no cuentan con que la ley salga este año.

Con información de: CoinDesk, Bitcoin Magazine, Politico, Polymarket, Bitrue.