El Kremlin legaliza el bitcoin para saltarse las sanciones, pero no para comprar el pan: Rusia lo reconoce como propiedad y lo abre al comercio exterior

Un ciudadano ruso podrá tener bitcoin, heredarlo, defenderlo en un divorcio y reclamarlo en una quiebra, pero no podrá usarlo para comprar el pan. Una empresa rusa, en cambio, sí podrá liquidar con criptomonedas un contrato de importación con un socio extranjero. Esa asimetría, propiedad reconocida en casa pero pago prohibido dentro y vía abierta hacia fuera, resume la ley que la Duma Estatal sacó adelante este martes.

El 21 de julio la cámara baja rusa completó la segunda y tercera lecturas del proyecto 1194918-8, titulado Sobre las Monedas Digitales y los Derechos Digitales. Es el primer marco integral de criptoactivos del país y llega con una intención geopolítica difícil de disimular: convertir el bitcoin en un carril legal para esquivar las sanciones occidentales que le cerraron el acceso a SWIFT. El texto pasa ahora al Consejo de la Federación y, después, a la mesa de Vladímir Putin.

Qué acaba de aprobar la Duma

La pieza central es jurídica: la ley clasifica el bitcoin, el ether y el resto de criptomonedas como propiedad bajo el código civil ruso, no como dinero. El matiz no es decorativo. Reconocer un activo como propiedad le da estatus en los tribunales, lo mete en el reparto de una herencia o de un divorcio y lo incorpora a la masa concursal de una quiebra con el mismo rango que un inmueble o una cuenta. Antes de esto, quien tenía cripto en Rusia se movía en una zona gris que dejaba sus monedas expuestas en cualquier pleito.

El rublo sigue siendo la única moneda de curso legal para transacciones internas. Pagar bienes y servicios dentro del país con criptomonedas continúa prohibido, y la ley añade un veto a la publicidad y promoción de esos pagos. La supervisión recae en el Banco de Rusia, que licenciará a las plataformas, brókeres, gestoras, depositarios y casas de cambio. Solo las entidades inscritas en un registro especial podrán operar como exchange, y los bancos tendrán que rechazar transferencias si sospechan que detrás hay un operador no autorizado. Las firmas que hoy funcionan sin registro tienen de plazo hasta el 1 de julio de 2027 para regularizarse; el grueso de la ley entra en vigor el 1 de septiembre de 2026.

La puerta que sí se abre: el comercio exterior

El corazón político de la norma está en las excepciones. Aunque el uso doméstico queda cerrado, la ley permite emplear monedas digitales en liquidaciones de contratos de comercio exterior entre residentes y no residentes, en operaciones con cripto minada, en los pagos que exijan las propias plataformas de activos digitales y en ciertas liquidaciones de valores. Traducido: el Estado bloquea el bitcoin para la vida cotidiana y lo habilita justo donde le duele el aislamiento financiero, en el pago a proveedores y clientes de países amigos.

El contexto lo explica todo. En abril, la Unión Europea desplegó su mayor paquete de sanciones contra Rusia hasta la fecha, con un apartado que ataca específicamente la actividad cripto e impone un veto completo a los proveedores y plataformas establecidos en el país. La propia UE lo justificó con una frase reveladora: "Rusia depende cada vez más de las criptomonedas para sus transacciones internacionales". Moscú acaba de responder legalizando por estatuto lo que Bruselas intentaba cortar.

"Rusia depende cada vez más de las criptomonedas para sus transacciones internacionales", advirtió la Unión Europea al anunciar en abril su mayor paquete de sanciones contra el país, con foco explícito en el cripto.

El minorista paga el precio del blindaje estatal

Mientras se abre la ventana exterior, la puerta del pequeño inversor se estrecha. El ciudadano no cualificado solo podrá comprar las criptomonedas más líquidas, a través de intermediarios con licencia, con un tope anual equivalente a unos 3.800 dólares por cada intermediario, y tendrá que superar un test de idoneidad que demuestre que entiende los riesgos. El inversor cualificado o profesional queda libre de ese límite y accede a un abanico más amplio, con la exclusión de ciertas monedas centradas en la privacidad.

Ese diseño tiene lectura doble. Da protección jurídica al tenedor, hasta el punto de garantizarla incluso si los activos no se declararon antes a las autoridades, un guiño a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para fomentar el cumplimiento voluntario. Pero el tope de 3.800 dólares y el filtro del registro pueden asfixiar el mercado minorista doméstico, empujando a los usuarios más pequeños hacia plataformas extranjeras o al P2P. Medios como BeInCrypto ya avisan de que la letra pequeña podría estrangular el mercado local en lugar de ensancharlo.

La banca rusa ya se coloca

Las grandes entidades no esperan a la firma de Putin. Sberbank, el mayor banco del país, anunció planes para lanzar un monedero cripto y completar un depositario de activos digitales antes del 1 de diciembre de 2026, con la intención de ofrecer servicios pocos meses después de que la ley entre en vigor. VTB, T-Bank y la Bolsa de Moscú preparan custodia, negociación e intermediación. La actividad que hasta ahora vivía en los márgenes se canalizará hacia plataformas con licencia, lo que mejora la transparencia y la recaudación fiscal, dos objetivos que el Kremlin persigue tanto como el rodeo a las sanciones.

Conviene no confundir dos cosas que Moscú mantiene deliberadamente separadas. El rublo digital, la moneda digital del banco central, arranca su despliegue comercial también el 1 de septiembre, con bancos sistémicos y grandes minoristas obligados a integrarlo. Ese es el instrumento para el uso interno. Las criptomonedas privadas ganan estatus de propiedad y salida al exterior, pero quedan fuera del pago cotidiano. Una divisa estatal para dentro, un activo tolerado para fuera.

La otra cara

Todavía no es ley. El proyecto salió de la cámara baja, pero necesita el visto bueno del Consejo de la Federación y la firma presidencial, trámites que en el sistema ruso rara vez descarrilan pero que aún no están cerrados. Y que el texto autorice el uso de cripto en el comercio exterior no garantiza que funcione: la eficacia real depende de que los socios comerciales acepten cobrar y pagar en activos digitales, de que la infraestructura de liquidación aguante y de que las sanciones secundarias no espanten a las contrapartes. La ley crea el carril; falta ver cuánto tráfico circula por él.

Hay además una ironía de fondo que no se le escapa a nadie en el sector. La criptomoneda nació con una bandera de dinero sin fronteras ni permisos, y aquí aparece convertida en infraestructura de un Estado sancionado para mover su comercio y, de paso, vigilada por su banco central con registro, topes y test de idoneidad. La promesa libertaria termina de herramienta geopolítica.

Basado en: CoinDesk, TASS, Bitcoin Magazine, Crypto Briefing, TechTimes, BeInCrypto.