1.700 inversores británicos demandan a Binance y a CZ por 200 millones: la venta de derivados que ahora les persigue

El mayor exchange de criptomonedas del mundo va a tener que defenderse ante un juez británico. Casi 1.700 inversores minoristas del Reino Unido han presentado una demanda colectiva en el Tribunal Superior de Londres contra Binance y su fundador, Changpeng Zhao, más conocido como CZ, reclamando al menos 150 millones de libras, unos 200 millones de dólares, por la venta de derivados de criptomonedas que consideran ilegal.

La acusación es tan sencilla de enunciar como incómoda para el sector: Binance habría comercializado productos apalancados de alto riesgo entre clientes minoristas del país sin la autorización del regulador financiero británico, y lo habría hecho durante años antes de que la propia ley se lo prohibiera de forma expresa. El caso, adelantado por el Financial Times y confirmado por medios especializados, apunta al corazón de un modelo de negocio que buena parte de la industria dio por saldado hace tiempo.

Qué se le reprocha exactamente a Binance

El grupo de demandantes, representado por el bufete KP Law, sostiene que Binance empezó a vender derivados complejos a inversores minoristas británicos a finales de 2019. Hablamos de tokens apalancados, futuros, opciones y productos de margen, instrumentos que multiplican tanto las ganancias como las pérdidas y que están pensados para operadores que entienden bien el riesgo que asumen. El problema, según la demanda recogida por The Block, es que esos productos se ofrecieron a un público que la regulación considera vulnerable, y sin el permiso que exige la ley.

La pieza legal clave es la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000, la norma que obliga a cualquier entidad que ofrezca productos financieros regulados en el Reino Unido a estar autorizada por la Autoridad de Conducta Financiera, la FCA. La tesis de los demandantes es que, al operar sin esa licencia, los contratos serían inaplicables y Binance tendría que devolver el dinero. Si un tribunal les da la razón, la consecuencia no es solo una indemnización: es la posibilidad de anular retroactivamente operaciones que la plataforma daba por cerradas.

Por qué la fecha lo cambia todo

El detalle temporal es el nervio del caso. La FCA prohibió la venta de derivados y productos cotizados vinculados a criptoactivos al público minorista con efecto de enero de 2021, al considerar que eran imposibles de valorar de forma fiable para un inversor particular. La demanda cubre el periodo anterior a ese veto, cuando la actividad se movía en una zona gris: no había una prohibición explícita sobre el producto concreto, pero sí una obligación general de autorización que, según los demandantes, Binance nunca cumplió.

Esa distinción importa porque desmonta una defensa habitual. No basta con decir que "entonces no estaba prohibido". La cuestión que tendrá que resolver el juez es si ofrecer esos derivados a británicos requería ya una licencia que la empresa no tenía. Si la respuesta es afirmativa, el veto de 2021 se convierte en un agravante narrativo más que en la línea que separa lo legal de lo ilegal.

Un laberinto de jurisdicciones

La demanda no señala a una sola entidad, sino a una constelación. Según Bitcoin.com, entre los demandados figuran Binance Holdings Ltd, registrada en las Islas Caimán, la firma Nest Exchange, con sede en Emiratos Árabes Unidos, el propio Changpeng Zhao y varios individuos sin identificar. Esa dispersión geográfica no es casual: durante años, la arquitectura de Binance ha sido famosa precisamente por no tener una sede clara, algo que complicaba saber qué regulador tenía jurisdicción sobre qué.

El pleito británico ataca justo esa opacidad. Al llevar el caso a un tribunal de Londres en nombre de residentes británicos que sufrieron pérdidas, los demandantes intentan anclar la responsabilidad en el lugar donde se produjo el daño, con independencia de dónde estuvieran registradas las sociedades. Si la estrategia prospera, marcaría un camino para responsabilizar a plataformas extraterritoriales ante la justicia local.

Lo que está en juego no es solo una indemnización de 200 millones, sino si un exchange sin sede fija puede ser juzgado por el daño causado allí donde vivían sus clientes.

Otro frente para CZ tras salir de la cárcel

Que la demanda nombre personalmente a Changpeng Zhao añade peso simbólico. El fundador de Binance cumplió una condena de prisión en Estados Unidos tras declararse culpable en 2023 de infracciones de las leyes antiblanqueo, dentro del acuerdo por 4.300 millones de dólares que su empresa firmó con las autoridades estadounidenses. Aquel capítulo cerró el frente penal en EE.UU., pero no blindó a CZ frente a reclamaciones civiles en otros países.

La compañía, por su parte, no piensa ceder. Un portavoz de Binance ha adelantado, según Finance Magnates, que defenderá el caso "con firmeza" y ha vuelto a insistir en que ha reforzado su programa de cumplimiento en los últimos años. Es el guion habitual de un exchange que ha coleccionado litigios y sanciones en media docena de jurisdicciones y que, hasta ahora, casi siempre ha preferido pactar antes que ir a juicio.

La otra cara: una demanda no es una condena

Conviene no confundir la presentación de una demanda con una sentencia. El listón que tienen que superar los 1.700 inversores es alto. Primero deben lograr que el tribunal admita el caso y acepte su jurisdicción sobre entidades registradas fuera del país, algo que Binance peleará con todos sus recursos. Después tendrán que demostrar que los productos se vendieron efectivamente sin la autorización requerida y que ese incumplimiento causó las pérdidas reclamadas, no la simple volatilidad del mercado.

Hay además un argumento incómodo para los demandantes: parte de quienes operaron con derivados apalancados lo hicieron buscando rentabilidades elevadas y asumiendo un riesgo que conocían. La defensa tratará de dibujar a inversores sofisticados antes que a víctimas desprevenidas. El resultado, como casi siempre en los grandes litigios financieros, puede tardar años y acabar en un acuerdo confidencial que no siente jurisprudencia. Nada garantiza que estos 200 millones se cobren, ni pronto ni completos.

Más allá del dinero, este pleito pone a prueba una idea que el sector cripto ha esquivado durante toda su historia: que operar sin sede fija y desde paraísos regulatorios no te hace inmune a la justicia del país donde viven tus clientes. Si los tribunales británicos deciden que sí lo eres, el mensaje para las plataformas que crecieron en la zona gris de 2019 y 2020 será difícil de ignorar. Y Binance, que ha sobrevivido a reguladores de medio mundo, se enfrenta ahora a algo más incómodo que una multa: a sus propios usuarios.

Fuentes: Financial Times, The Block, Finance Magnates, Bitcoin.com, Crypto Briefing.