Durante medio año fue delito en Hungría cambiar criptomonedas sin un certificado que nadie podía emitir, y el Parlamento acaba de borrar la ley

El 1 de julio de 2025 entró en vigor en Hungría un artículo del Código Penal que castigaba con cárcel cambiar criptomonedas sin un certificado de conformidad. El organismo que debía autorizar a las empresas capaces de emitir ese certificado no publicó su decreto hasta el 27 de octubre, y el régimen no fue aplicable hasta el 27 de diciembre. Es decir: durante casi seis meses existió el delito y no existía la forma de no cometerlo.

Ese experimento terminó esta semana. El Parlamento húngaro aprobó el proyecto T/305 por 143 votos contra 46 y una abstención, derogando la obligación de validación para las conversiones de cripto a euros o forintos y de cripto a cripto, junto con los delitos que la acompañaban. La votación llegó cinco meses después de que la Comisión Europea abriera expediente de infracción contra Budapest y nueve días después de que el banco central concediera la primera licencia MiCA del país.

Un delito antes que el trámite

La arquitectura venía de la Ley VII de 2024 sobre el mercado de criptoactivos, reformada por la Ley LXVII de 2025. El Código Penal incorporó dos figuras nuevas con vigencia desde el 1 de julio de 2025: prestar servicios de cambio sin la validación exigida y usar esos servicios. Las penas escalaban por importe. Para el usuario, según el desglose del Código publicado entonces, hasta dos años de prisión por operaciones de 5 a 50 millones de forintos (unos 14.600 a 145.950 dólares), hasta tres años entre 50 y 500 millones y hasta cinco por encima. Para quien prestara el servicio, tres, cinco y hasta ocho años.

El despacho Wolf Theiss, que siguió el expediente desde Budapest, avisó del hueco en julio de 2025: el artículo penal remitía a un certificado emitido por un validador licenciado, y ese validador todavía no era una figura operativa. El decreto 10/2025 de la Autoridad de Supervisión de Actividades Reguladas se dictó el 27 de octubre y el régimen fue aplicable el 27 de diciembre. Hasta entonces, en palabras del propio despacho, incluso usuarios sin mala fe quedaban expuestos a responsabilidad penal por una validación que en la práctica no se podía obtener.

Lo que tenía que comprobar el validador

La validación no era un KYC más. El validador, licenciado y supervisado por la autoridad reguladora, tenía que verificar el origen del criptoactivo, acreditar la propiedad del dispositivo o del monedero, identificar a las personas asociadas a la operación, evaluar el perfil del usuario y cruzar los datos con bases externas antes de emitir la declaración de conformidad. Sin ese papel, el intercambio no era solo sancionable: era inválido, sin efecto jurídico. Quedaban fuera casos concretos, como las transferencias entre monederos propios de uso personal.

Encima de eso funcionaba MiCA. El banco central, el MNB, licenciaba a los proveedores de servicios de criptoactivos según el reglamento europeo; la autoridad reguladora nacional licenciaba a los validadores. Dos ventanillas, dos supervisores y un trámite por transacción que no aparece en ningún artículo del reglamento europeo. Hungría además se autoimpuso el calendario más corto de la Unión: exigió cumplimiento MiCA el 1 de julio de 2025, un año antes del plazo máximo de transición previsto por Bruselas.

Bruselas abrió expediente y ahí se acabó

La Comisión Europea abrió el procedimiento de infracción INFR(2025)2174 y envió carta de emplazamiento con dos reproches. El primero, que MiCA es un marco uniforme y directamente aplicable, y que un Estado miembro no puede añadir un mecanismo de autorización transacción por transacción que el reglamento no contempla. El segundo, que la responsabilidad penal asociada tuvo un efecto negativo medible: varios proveedores suspendieron o cerraron el servicio para usuarios húngaros, con la inseguridad jurídica y el perjuicio a clientes que eso implica.

La Comisión reconoció que el objetivo declarado, reforzar la prevención del blanqueo, es legítimo. El problema era el instrumento. Hungría tenía dos meses para responder, plazo que vencía a principios de abril de 2026, con la escalada habitual por delante: dictamen motivado y, si no había arreglo, el Tribunal de Justicia de la UE.

El voto llegó con un gobierno nuevo

El 12 de abril de 2026 las elecciones acabaron con dieciséis años de Viktor Orbán y llevaron al Gobierno al partido Tisza de Péter Magyar. El 11 de junio, la portavoz gubernamental Anita Köböl anunció el desmontaje en rueda de prensa con una valoración poco diplomática de la herencia legislativa.

Era una norma innecesaria. Hacía imposible la operativa práctica y asustó a los participantes del mercado. Las consecuencias penales también afectaron negativamente a varios cientos de miles de personas.

El ministro de Finanzas, Kármán András, lo justificó en un mensaje en Facebook recogido por Cointelegraph: la regulación negativa y perturbadora hizo que muchos actores dieran de baja sus servicios relacionados con criptomonedas en Hungría, y ahora el mercado muestra signos de recuperación. Entre los que se fueron estuvo Revolut, que en julio de 2025 cortó toda su operativa cripto en el país, incluidas las retiradas, antes de reabrirlas parcialmente.

La primera licencia la tiene quien se cerró para conseguirla

El 20 de julio el MNB autorizó a Tiwala Solutions, operadora de la plataforma budapestina CoinCash, como primer proveedor húngaro de servicios de criptoactivos bajo MiCA. La licencia cubre custodia, cambio de cripto a dinero fiat y entre criptoactivos, transferencias, asesoramiento de inversión y gestión de carteras. La compañía había suspendido voluntariamente su actividad en diciembre de 2025, justo cuando la validación se volvió obligatoria, para completar la revisión de cumplimiento. Su cofundador Gábor Galántai reivindicó en LinkedIn ser la primera y única empresa húngara autorizada directamente por el banco central bajo el marco europeo. Los servicios volverán por fases.

La otra cara: la idea no era absurda

Comprobar el origen de los fondos operación por operación es exactamente lo que persigue la propia normativa europea de transferencias de criptoactivos, y MiCA no lo cubre porque MiCA regula licencias y conducta de las empresas, no autoriza transacciones una por una. El diagnóstico húngaro apuntaba a un hueco real. Lo que falló fue el instrumento: penas de cárcel para el usuario minorista, un calendario que puso el delito antes del trámite y una decisión unilateral en un mercado que dejó de ser nacional el día que Hungría firmó el reglamento.

Y hay un coste que la derogación deja a la vista. Un Estado miembro ya no puede ir más rápido ni más duro que Bruselas en este terreno, aunque crea tener motivos. Compárese con el método que eligió el regulador británico, que esta misma semana publicó las conclusiones de preguntar a 75 firmas para qué sirve una stablecoin antes de escribir la norma, o con Kenia, que rebajó hasta un 95% el precio de sus licencias tras ver el borrador que había redactado. Hungría escribió primero y preguntó después, y le costó dos años de mercado.

Fuentes: Cointelegraph, The Crypto Times, Wolf Theiss (alertas de julio 2025, enero y febrero de 2026), crypto.news, Crypto Briefing, ado.hu, Comisión Europea.