EE.UU. tiene 21.000 millones en bitcoin y no sabe dónde meterlos: Tesoro y Comercio se pelean por la reserva de Trump

Estados Unidos tiene más de 300.000 bitcoins en su poder, unos 21.000 millones de dólares al precio de hoy, y lleva quince meses sin decidir en qué caja fuerte meterlos. La reserva estratégica de bitcoin que Donald Trump firmó con bombo en marzo de 2025 sigue sobre el papel, y el motivo que ha trascendido esta semana no es técnico ni de mercado: es una pelea de despachos.

Un informe de Bloomberg publicado el lunes, confirmado y ampliado por CoinDesk, describe una disputa entre el Departamento del Tesoro y el de Comercio por quién debe custodiar y gestionar ese alijo. Detrás de la riña asoma una duda más incómoda para la Casa Blanca: no está claro que el Tesoro tenga siquiera la autoridad legal para guardar bitcoin a largo plazo.

Qué prometió exactamente la orden

Trump firmó la Orden Ejecutiva 14233 el 6 de marzo de 2025. La idea era sencilla y hasta elegante: dejar de vender los bitcoins que el Gobierno confisca en causas penales y civiles, y apilarlos en una reserva dedicada gestionada por el Tesoro. La orden prohíbe vender esos activos incautados y, a la vez, prohíbe comprar bitcoin con dinero del contribuyente. Traducido: la reserva solo puede crecer al ritmo de las incautaciones policiales.

La misma orden creaba una segunda bolsa, el US Digital Asset Stockpile, para el resto de criptomonedas, separada del bitcoin y con custodia propia. A las agencias federales se les dieron 30 días para inventariar cuánto cripto tenían. Al Tesoro, 60 días para proponer el marco legal o el borrador de ley que permitiera abrir cuentas de custodia. Ambos plazos vencieron hace más de un año. Ninguna de las dos tareas está resuelta.

Dónde se atascó todo

Patrick Witt, asesor de activos digitales de la Casa Blanca, ha señalado a unas "disposiciones legales oscuras" como el gran obstáculo. El problema de fondo es que distintas agencias tienen autoridades distintas sobre los activos que incautan, y esas competencias no encajan entre sí. El Tesoro sigue navegando esas preguntas mientras espera que el Congreso le dé cobertura para montar la infraestructura de custodia.

A esa maraña se le ha sumado ahora el pulso con Comercio, que se ha postulado como candidato alternativo para gestionar las tenencias. La disputa ha escalado hasta un punto revelador: según cryptonews.com, la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia está mediando entre los dos ministerios. Cuando el DOJ tiene que arbitrar quién manda, ya no hablamos de fricción burocrática, sino de terreno legalmente en disputa.

El Gobierno de EE.UU. quiere tener bitcoin. El Gobierno de EE.UU. tampoco se pone de acuerdo sobre quién guarda las llaves.

Órdenes presidenciales que no son ley

Aquí está el nudo institucional. Una orden ejecutiva no tiene el peso de una ley. Tanto Witt como su predecesor en el cargo han admitido que hará falta que el Congreso respalde formalmente la creación y activación de los fondos. Y ahí el avance es igual de lento: la senadora Cynthia Lummis presentó una propuesta para formalizar la reserva y el representante Nick Begich impulsó otra en la Cámara. Ninguna ha ganado tracción real.

El calendario juega en contra. Si los republicanos pierden la mayoría en la Cámara, o en ambas cámaras, en las elecciones de medio mandato de noviembre, la probabilidad de que un proyecto así se convierta en ley se desvanece. La portavoz Liz Huston repitió a CoinDesk el mensaje oficial: la administración "sigue evaluando la mejor estructura" para la reserva y el almacén de activos digitales. Evaluar, quince meses después, es una palabra que dice bastante.

La "neutralidad presupuestaria" tiene truco

El diseño obliga a que la reserva no cueste un dólar al contribuyente. Suena responsable, pero limita el crecimiento a lo que caiga en decomisos. La parte que la Casa Blanca puede presumir es involuntaria: si hubieran comprado cuando Trump lo ordenó, habrían pagado unos 93.000 dólares por bitcoin, y desde entonces el precio ha caído alrededor de un tercio hasta los 64.000 de hoy. No comprar en máximos salió, por pura inacción, barato.

Hay además un argumento sólido a favor de la idea, aunque sea modesto. Crypto Briefing recuerda que las ventas previas de bitcoin incautado costaron al erario unos 17.000 millones de dólares en valor perdido, porque el Gobierno solía malvender a precios muy inferiores a los que habría obtenido con paciencia. Dejar de sangrar ahí ya tiene valor, aunque sea menos espectacular que un programa soberano de compras.

La otra cara: quizá no importe tanto la caja

Conviene bajar el suflé. Que la reserva no esté "encendida" no significa que esos bitcoins estén en peligro ni que el Gobierno los haya perdido. Siguen ahí, custodiados por las agencias que los incautaron. La discusión es sobre la etiqueta y el gobierno del fondo, no sobre la existencia de los activos. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, reiteró en enero el compromiso con la reserva y su carácter presupuestariamente neutro, y Witt ha llegado a hablar de un "avance" y a insinuar un anuncio para más adelante en 2026.

La lectura escéptica es la contraria: el sector cripto dio la reserva por hecha el día del anuncio, y lleva desde entonces esperando algo que no está garantizado. Mientras tanto, el propio Trump ha acumulado más de 50 millones de dólares en bitcoin personal, según su última declaración financiera. La reserva del país sigue en el limbo; la del presidente, no.

Qué puede cambiar el cuadro

La promesa de convertir a Estados Unidos en "la capital cripto del mundo" chocó con la maquinaria de Washington. No con el mercado, no con la tecnología: con la pregunta de qué ministerio se queda el llavero. Hasta que eso se resuelva, la mayor tenencia soberana de bitcoin del planeta seguirá siendo un montón de monedas sin caja fuerte con nombre.

Datos y fuentes: Bloomberg, CoinDesk (Jesse Hamilton), Crypto Briefing, cryptonews.com, Casa Blanca.