Reclaman ante un tribunal de Nueva York 3,8 millones de bitcoins "abandonados", y el primer dueño real acaba de plantar cara
En marzo, un demandante que se hace llamar "Noah Doe" y dos sociedades de Wyoming pidieron a un tribunal de Nueva York algo que suena a broma y no lo es: que les declare dueños legales de…
En marzo, un demandante que se hace llamar "Noah Doe" y dos sociedades de Wyoming pidieron a un tribunal de Nueva York algo que suena a broma y no lo es: que les declare dueños legales de 39.069 direcciones de Bitcoin que llevan años sin moverse, entre ellas las atribuidas a Satoshi Nakamoto y al hacker de Mt. Gox. En total, unos 3,8 millones de BTC valorados en torno a 234.000 millones de dólares. El detalle que lo vuelve surrealista: nunca han tenido las claves privadas de ninguna de esas carteras.
Durante meses el caso avanzó contra un puñado de cadenas de texto silenciosas. Esta semana eso cambió. Un tenedor anónimo que firma como "John Doe 33" presentó un escrito de comparecencia y una moción para desestimar la demanda, y con ella se convirtió en el primer dueño real que se planta a pelear. Su argumento va directo a la línea de flotación del caso.
Qué pide exactamente la demanda
El expediente, registrado en el Tribunal Supremo del estado de Nueva York (NYSCEF Índice n.º 153119/2026), se presentó el 11 de marzo y se amplió el 1 de mayo. Pide una sentencia declarativa al amparo del artículo 7-B de la Ley de Propiedad Personal de Nueva York, la norma pensada para objetos perdidos. La tesis de los demandantes es que unas monedas quietas durante más de una década son bienes abandonados; que ellos los "encontraron" al rastrear la cadena de bloques; y que cumplieron el trámite de notificarlo a la Policía de Nueva York, a la que entregaron memorias USB, además de avisar mediante mensajes OP_RETURN grabados en la propia blockchain y notas en prensa.
La lista de carteras es un quién es quién de la historia de Bitcoin. Según TFTC, incluye direcciones ligadas a Satoshi por el patrón de nonce Patoshi (unas 21.923 carteras con cerca de 1,096 millones de BTC, según Galaxy Research), la dirección que los investigadores vinculan al robo de Mt. Gox de 2011, monedas físicas Casascius y decenas de mineros de los primeros días.
El primer dueño que da la cara (sin darla)
John Doe 33 no discute solo la teoría de la propiedad. Ataca los cimientos del caso antes de que llegue a debatirse el fondo. Su moción sostiene dos defectos. El primero: una dirección de Bitcoin es una cadena de datos, no una persona ni una entidad legal, y por tanto no puede ser demandada ni queda sujeta a la jurisdicción del tribunal. El escrito lo dice sin rodeos.
El compareciente es "una persona física y un ser humano real" con derechos de propiedad protegidos, y no "una cadena de dirección de la blockchain de Bitcoin, una cartera digital, una línea de código fuente ni ninguna otra forma de dato inanimado".
El segundo defecto: una dirección pública, visible en la cadena desde siempre, no puede "encontrarse" en el sentido del artículo 7-B, escrito para objetos tangibles que alguien localiza y deposita en comisaría. Pasar un algoritmo por un libro mayor público no es hallar nada. Es el mismo punto que ya había planteado el abogado neoyorquino Ian R. Cohen en un escrito de amicus del 29 de mayo: el abandono exige una renuncia intencionada a la propiedad y un acto externo que la manifieste. La inactividad, por sí sola, no es abandono. Una cartera en frío intacta diez años no es una cartera de la que su dueño se haya marchado.
Quien está detrás de John Doe 33 no es un curioso. El jefe de investigación de Galaxy Digital, Alex Thorn, señaló que la cartera vinculada al compareciente guarda unos 5.000 BTC recibidos en abril de 2014 y sin tocar desde hace más de doce años, más de 300 millones de dólares hoy. "Es unas 100 veces la dirección mediana de los demandados. Es un tenedor real, con legitimación real, que elige pelear, no un espectador", escribió. Su comparecencia frenó lo que iba camino de ser una sentencia en rebeldía casi segura.
Por qué no basta con decir "no tienen las claves"
El instinto es despachar el caso como papel mojado: ninguna orden judicial mueve bitcoins sin la clave privada. Es verdad, y a la vez se queda corto. Una sentencia declarativa de propiedad no transfiere ni un satoshi, pero crea algo casi tan incómodo: un título rival, una nube legal sobre esas monedas. Y una nube legal sí pesa ante los intermediarios regulados.
El tenedor que mañana quiera vender o usar ese Bitcoin a través de un exchange o un custodio con licencia podría toparse con un bloqueo por cumplimiento, una congelación o una petición de devolución. El BTC sigue on-chain, bajo control de su dueño, pero su salida hacia la liquidez queda cortada. TFTC lo compara con lo que Euroclear vive en Bruselas con unos 232.000 millones en activos rusos: una sentencia sobre el papel puede lastrar una propiedad durante años antes de que la entrega física llegue siquiera a plantearse.
La trampa de la identidad
Hay un segundo frente, más humano. John Doe 33 comparece de forma seudónima y lo justifica: controlar en público una posición grande de Bitcoin es pintarse una diana. Aquí está el nudo. Si la jueza exige identificarse como condición para litigar, los tenedores quedan ante una disyuntiva binaria: revelarse y exponerse a la extorsión y el secuestro, o callar y ver cómo una sentencia en rebeldía se dicta sin oposición. Un precedente que permita defenderse bajo seudónimo daría una plantilla viable a las otras 39.068 direcciones señaladas. Uno que obligue a dar el nombre las silencia a todas.
Que el asunto no es teórico lo demuestra la propia cadena: desde que se presentó la demanda, 52 de las carteras nombradas han movido 34.335 BTC, unos 2.480 millones de dólares, según el seguimiento de Thorn en Galaxy Research. Los dueños ya están reaccionando. La pregunta es si también podrán defenderse en un juzgado sin jugarse la integridad física para hacerlo.
La otra cara: puede quedar en nada el 14 de julio
Conviene no comprar la alarma entera. Buena parte de la comunidad jurídica ve la demanda como jurídicamente frágil, casi un truco: encajar activos digitales autocustodiados en una ley de objetos perdidos del mundo físico es un salto que muchos jueces no darán. La jueza Kathy J. King mantiene el caso suspendido y ha fijado vista para el 14 de julio en el 60 de Centre Street. Allí se verán a la vez el amicus de Cohen y la moción de John Doe 33. Si King desestima por cualquiera de los dos defectos, la teoría de Noah Doe se derrumba antes de discutir siquiera la propiedad. Si la deja seguir, cada cartera dormida quedará con una sombra legal encima.
A qué estar atento
- El fallo sobre la moción: si King admite que una dirección pública es "propiedad encontrada" o la rechaza por falta de jurisdicción. Marca si el caso muere o avanza.
- La cuestión del seudónimo: si el tribunal permite litigar sin revelar identidad. De ello depende que los otros 39.068 tenedores puedan defenderse.
- Movimientos on-chain: nuevas transferencias desde carteras nombradas, más allá de los 34.335 BTC ya movidos, como prueba de que no están abandonadas.
- Reacción de custodios y exchanges: cualquier señal de que un intermediario regulado empiece a tratar como "gravadas" las carteras de la lista.
Por ahora, los 3,8 millones de BTC siguen exactamente donde estaban: quietos, on-chain, fuera del alcance de cualquiera sin la clave. Lo que está en juego el 14 de julio no es quién los mueve, sino si un papel firmado por un juez puede convertir el silencio de una cartera en una excusa para reclamarla.
Datos: Cointelegraph, TFTC, CryptoBriefing, Bitcoin Magazine, Coin Edition, Galaxy Research (Alex Thorn), expediente NYSCEF 153119/2026, Bitbo.