Coinbase pierde su escudo federal en Michigan, y la propia norma de la CFTC que invocaba prohíbe los contratos que quería vender

La jueza Shalina D. Kumar tardó 47 páginas en desmontar la tesis con la que Coinbase pretendía blindar sus contratos deportivos, y el remate llegó en la página 43: el argumento central de la empresa era, escribió, «applesauce». Es la palabra que Antonin Scalia puso de moda en los votos particulares del Supremo para decir, sin decirlo, que un razonamiento no se sostiene. Compota.

La orden, firmada el 6 de agosto en el Tribunal Federal del Distrito Este de Michigan (caso 4:25-cv-14092), deniega la medida cautelar que Coinbase Financial Markets pidió contra la fiscal general del estado, Dana Nessel, y contra los directores del regulador de juego. El detalle que convierte esto en algo más que una derrota procesal está en el mecanismo: la jueza no solo dice que la ley federal no protege a Coinbase, dice que la propia norma federal que Coinbase cita como fuente de su legitimidad, leída literalmente, prohíbe el producto.

Qué pedía Coinbase y por qué se adelantó a la denuncia

Coinbase es intermediario de futuros registrado ante la CFTC desde el 16 de agosto de 2023. Con ese estatus quería enchufar su aplicación a los contratos de evento que lista Kalshi, un mercado de contratos designado y también federalmente regulado, para ofrecerlos a sus clientes, incluidos los de Michigan, a partir de 2026. Contratos que, en palabras de su propio escrito, «van de la política a la música, al clima, al cine y al deporte».

Nadie había multado todavía a Coinbase. La empresa demandó el 17 de diciembre de 2025 apoyándose en amenazas del regulador contra terceros que ofrecían mercados de predicción en Michigan y en la correspondencia que ese regulador envió a la CFTC alertando de los riesgos. La jueza le dio la razón en ese punto y solo en ese: hay amenaza creíble de persecución, así que hay legitimación para pleitear. Lo demás se le cayó entero.

El argumento que se volvió del revés

Coinbase sostenía que la Ley de Apuestas Deportivas Lícitas de Michigan, aprobada en 2019 después de que el Supremo tumbara la prohibición federal en Murphy contra la NCAA, queda desplazada por la ley federal. Esa ley estatal exige que quien ofrezca apuestas deportivas por internet sea un casino comercial con licencia o una tribu reconocida por el Estado federal. Coinbase no es ninguna de las dos cosas.

La jueza responde con el reglamento que la CFTC dictó al amparo de la «regla especial» de Dodd-Frank: el 17 C.F.R. § 40.11(a)(1) prohíbe a las entidades registradas negociar o compensar contratos de evento que impliquen o se refieran al juego, al terrorismo, al asesinato, a la guerra o a cualquier actividad ilegal bajo ley estatal o federal. Coinbase, para argumentar el conflicto de normas, había admitido que sus contratos deportivos «involucran juego». Con esa concesión sobre la mesa, la orden concluye que si Coinbase ofreciera hoy esos contratos, en una lectura llana del reglamento, probablemente estaría infringiendo la ley federal. El escudo era la espada.

Dos cláusulas de salvaguarda contra la jurisdicción exclusiva

La otra pata del fallo es más técnica y con más consecuencias para el sector. Coinbase apoyaba todo en la «jurisdicción exclusiva» que el artículo 2(a)(1)(A) atribuye a la CFTC. La jueza contesta que ese mismo artículo lleva dentro dos cláusulas de salvaguarda que ceden ante el derecho estatal, y que el legislador sí sabe preempar de forma expresa cuando quiere: el artículo 16(e)(2) desplaza explícitamente las leyes estatales de juego, pero solo para ciertos mercados electrónicos excluidos o exentos, categorías bajo las que Coinbase no alega estar.

Sobre la lectura amplia de «swap» que defendía la empresa, cualquier contrato ligado a la ocurrencia de un evento con consecuencia económica, la orden invoca el canon contra el absurdo: esa definición barrería desde la política hasta el cine y podría convertir en delito grave una apuesta deportiva corriente hecha fuera de un mercado federal.

Treinta y tres tribus y una ciudad que vive del impuesto al casino

Enfrente de Coinbase no estaba solo el estado. Presentaron escritos de amigo del tribunal 33 tribus reconocidas federalmente y la ciudad de Detroit: las primeras alegando que una victoria de Coinbase erosionaría su soberanía sobre el juego en tierras indias, la segunda que la pérdida de ingresos de los casinos del área golpearía su recaudación. Los mercados de predicción no chocan con un regulador abstracto, sino con una industria del juego consolidada y con presupuestos municipales colgados de ella.

Michigan ya venía de ganar. El 29 de junio, el Tribunal de Circuito del condado de Ingham dictó a instancias de Nessel una orden de restricción temporal contra KalshiEX que la obligaba a geobloquear a los residentes del estado bajo multa de 120.000 dólares por cada día de incumplimiento, según Bloomberg Law. Coinbase iba a vender el producto de Kalshi en el mismo estado que acababa de apagarle el grifo a Kalshi.

El mapa judicial está partido en dos

La propia orden cataloga la división, y es lo que hace que este pleito no acabe en Michigan.

Un tribunal de apelación federal, el Tercero, ya dijo que todos los contratos de evento son swaps. El Sexto Circuito, que es el que revisaría esta orden, fue en dirección contraria el 24 de abril con una frase que Kumar cita más de una vez: geobloquear puede ser complicado, lento y caro, pero caro no significa imposible.

La otra cara

Conviene no leer esto como una sentencia. Es una resolución cautelar sobre probabilidad de éxito, no una declaración de que los contratos sean ilegales, el pleito sigue vivo y Coinbase puede apelar la denegación al Sexto Circuito. La jueza tampoco llegó a analizar el daño irreparable que alegaba la empresa, reputacional y de coste de oportunidad, así que ese frente queda intacto.

Hay además una pieza en movimiento que puede dejar obsoleto el razonamiento: la CFTC tiene en tramitación una propuesta para modificar precisamente el 40.11, publicada el 16 de marzo de 2026 en el Registro Federal, en la que reconoce el aumento notable de contratos de evento listados desde 2021. Si la CFTC reescribe su propia prohibición sobre «gaming», el argumento más fuerte de esta orden pierde apoyo. El texto legal seguiría igual, y ese es el punto que la jueza machaca: la afirmación de competencia de una agencia es un cimiento más débil que un texto claro del Congreso. El mismo problema que arrastra la ley cripto que el Senado acaba de aplazar.

Qué puede cambiar el cuadro

Primero, si Coinbase apela al Sexto Circuito y con qué urgencia, porque ese tribunal ya se inclinó del lado del estado en el asunto de Kalshi. Segundo, si el regulador de juego de Michigan o la fiscalía abren expediente contra Coinbase ahora que no hay cautelar que lo frene, con los 120.000 dólares diarios impuestos a Kalshi como referencia de escala. Tercero, la propuesta de la CFTC sobre el 40.11: cómo quede la definición de «gaming» decide si esta orden envejece bien o mal. Y cuarto, la petición de certiorari que alguna de las partes acabará presentando: con un circuito diciendo que todos los contratos de evento son swaps y otro diciendo lo contrario, la pregunta de si un contrato aprobado por la CFTC puede pasar por encima de la ley de juego de un estado tiene todos los ingredientes para acabar en Washington.

Datos y fuentes: orden de 6-ago-2026 en Coinbase Financial Markets v. Nessel (E.D. Mich., 4:25-cv-14092, ECF 57) vía CourtListener; oficina de la fiscal general de Michigan; Bloomberg Law; Registro Federal 91 FR 12516; The Crypto Times.