Francia va a repartir entre 48 países la identidad y el saldo cripto de sus residentes, y lo que se envía en 2027 son las operaciones que ya se están haciendo este año

El 27 de julio el Gobierno francés presentó un proyecto de ley que no toca ni un tipo impositivo, no prohíbe nada y no crea ninguna obligación nueva para los exchanges. Lo único que hace es autorizar la ratificación de dos acuerdos internacionales. Con eso, la identidad, el saldo y el recuento de operaciones de cualquier residente francés con criptomonedas pasa a ser información que Francia puede enviar de forma automática a 48 países y territorios, y recibir de ellos.

La parte incómoda es que el reloj ya está corriendo. Los datos que se van a intercambiar no son los de 2027, cuando empiece el envío: son los de las operaciones hechas desde el 1 de enero de 2026. Todo lo que se ha comprado, vendido o movido este año en una plataforma registrada ya está siendo recogido. Lo que este texto añade es la salida de esos datos fuera de la Unión Europea.

No es un impuesto nuevo, es una cañería nueva

El proyecto lo depositó en el Senado Jean-Noël Barrot, ministro de Europa y Asuntos Exteriores, y no lo firma Hacienda porque técnicamente no es fiscalidad: es tratado internacional. Autoriza dos acuerdos, el Crypto-Asset Reporting Framework de la OCDE, el CARF, y la versión ampliada del estándar de cuentas financieras. El primero se abrió a firma en el Foro Global de noviembre de 2024 y desde entonces han ido estampándose jurisdicciones muy distintas entre sí: en la lista oficial de firmantes, Austria aparece con fecha del 21 de noviembre de 2024 y Bahamas dos días antes.

Francia ya tenía la mitad del trabajo hecho. La DAC 8 se transpuso mediante el artículo 54 de la ley de finanzas de 2025 y se aplica desde el 1 de enero de 2026, así que las plataformas registradas en la Unión llevan siete meses recogiendo nombre, dirección, fecha de nacimiento y número de identificación fiscal de cada usuario, más el valor de la cartera y el detalle de las operaciones. Esa información ya circula entre las administraciones de los Veintisiete. Según la ficha del Senado que recoge Capital, los acuerdos sirven para «completar» esos intercambios «autorizando los intercambios automáticos de información con Estados o territorios terceros». La cañería existe; lo que se aprueba es alargarla.

Lo que viaja por ella tampoco es una estimación. El Gobierno detalla que se vigilarán las operaciones declarables, el número de transacciones, su importe y la identidad de los titulares. La fotografía que recibe una administración extranjera es el saldo de la cartera a 31 de diciembre y el total de compras y ventas del año. El perímetro cubre tokens descentralizados, stablecoins, parte de los NFT y los activos que entran en el ámbito de MiCA. Solo quedan fuera las monedas digitales de banco central.

El calendario ya corrió: lo de 2026 se manda en 2027

Aquí está el dato que casi nadie mira cuando lee «a partir de 2027». El primer envío real tiene fecha límite el 30 de septiembre de 2027 y cubre el ejercicio 2026, según el desglose del calendario que publicó Cointribune. El año fiscal que se va a compartir es este, el que está a mitad de camino, no uno futuro sobre el que todavía se pueda decidir algo.

El mercado más grande del mundo llega cuatro años tarde

La primera oleada suma entre 47 y 48 jurisdicciones y deja fuera al país donde está la mayor parte del volumen cripto regulado del planeta. Estados Unidos ha anunciado que aplicará el estándar a partir de 2029, dos años después del primer envío europeo. Un residente francés con cuenta en una plataforma europea o en una plaza firmante queda retratado en 2027; el mismo residente con cuenta en un intermediario estadounidense no aparece por esta vía hasta el final de la década.

El argumento oficial no esconde el objetivo. El Gobierno francés dice que el acuerdo permite ampliar los intercambios «a escala mundial» para combatir el fraude y la evasión fiscales «en un contexto de auge del mercado de crypto-activos y de sus tenedores». Traducido: el fisco sabe que el dinero se mueve más rápido que sus convenios bilaterales, y prefiere firmar uno multilateral antes que negociar 48 veces lo mismo. La OCDE ya tiene publicado hasta el formato informático con el que se transmitirán los ficheros.

La otra cara: los que han recurrido no discuten el impuesto

Parte del sector francés ha llevado al Consejo de Estado el decreto que transpone la DAC 8, con la plataforma Bull Bitcoin entre los recurrentes. Su objeción no es que haya que declarar. Es que se está construyendo un registro que une identidad legal con actividad cripto y patrimonio, y que ese registro tiene que estar en algún servidor.

La DAC 8 «acentúa la recogida de datos por parte de muchos actores», y con ello «aumenta las fugas de datos y la exposición de los usuarios y los riesgos para su seguridad física, del tipo atracos y secuestros», advierte el experto en seguridad Renaud Lifchitz.

El contexto francés le da peso a la objeción. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, ha cifrado en 77 los hechos de secuestro, extorsión o intento contra personas del entorno cripto, y Francia acumula desde 2025 el mayor número de agresiones físicas de este tipo en Europa. El 22 de mayo, un hombre de 25 años fue secuestrado y obligado a hacer tres transferencias por 14.000 euros. A eso se suma que Francia es el país europeo más golpeado por filtraciones de datos, con 43,4 millones de cuentas comprometidas solo en el primer semestre de 2026. El Gobierno responde que los intercambios entre administraciones son seguros y que existen servicios oficiales de identificación. Es una respuesta razonable para el tramo entre fiscos, y no cubre el anterior, que es donde las plataformas guardan el expediente completo.

Por qué esto no se queda en Francia

La DAC 8 no es francesa, es europea, así que el mismo expediente se está formando en España, Alemania o Italia sobre sus residentes. Francia va un paso por delante en la parte extracomunitaria: ratificar el tratado que convierte ese expediente en algo consultable desde fuera del bloque. El CARF está diseñado para que ese trámite sea repetible sin renegociar nada, y cuando entre el segundo grupo de 28 jurisdicciones en 2028 la excepción dejará de ser quién comparte y pasará a ser quién no.

Queda un detalle procesal que importa: el proyecto todavía tiene que pasar por el Parlamento, y con las cámaras en receso de verano la ratificación no se firma en agosto. La recogida de datos, en cambio, no espera al voto, porque ya está en vigor por otra vía.

Qué hay que vigilar

La tramitación en el Senado a la vuelta del receso: si entra por vía rápida, la ratificación se cierra mucho antes del plazo de septiembre de 2027. La decisión del Consejo de Estado sobre el decreto de la DAC 8, porque un fallo contrario obligaría a rehacer la recogida francesa y no solo el envío. La lista de firmantes que actualiza la OCDE, donde se verá si alguna plaza relevante se descuelga de la primera oleada. Y el volumen de saldos que se muevan a autocustodia en los próximos meses: el marco alcanza a los intermediarios, no a las claves, y esa frontera va a decidir cuánto de este edificio acaba siendo útil.

Documentación: Capital, BFMTV, Cointribune, OCDE (Foro Global sobre Transparencia Fiscal), ficha del Sénat, Bitcoin.com.