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Estados Unidos

La ley cripto de EE.UU. ya no discute qué se prohíbe, sino quién puede demandar, y el texto lo tiene la Casa Blanca este fin de semana

La ley cripto más importante de la historia de Estados Unidos lleva desde el jueves por la mañana esperando a que alguien la lea en la Casa Blanca. Y lo que está en disputa ya no es una…

FretchCop 8 min de lectura
La ley cripto de EE.UU. ya no discute qué se prohíbe, sino quién puede demandar, y el texto lo tiene la Casa Blanca este fin de semana

La ley cripto más importante de la historia de Estados Unidos lleva desde el jueves por la mañana esperando a que alguien la lea en la Casa Blanca. Y lo que está en disputa ya no es una sola palabra de lo que la ley prohíbe. La prohibición está cerrada, redactada, aceptada y firmada. Lo que sigue abierto es quién tiene derecho a llevarla a un juzgado.

Los senadores Thom Tillis (republicano, Carolina del Norte) y Ruben Gallego (demócrata, Arizona) enviaron el jueves 30 de julio una contrapropuesta sobre la cláusula ética de la CLARITY Act, según The Block y Punchbowl News. El texto completo no se ha publicado. Lo que sí han confirmado varios medios es el cambio de fondo: añadir a los fiscales generales de los estados como aplicadores de la norma, en lugar de dejarla solo en manos del Departamento de Justicia. Es una modificación de una línea, y de ella depende un proyecto de 616 páginas que reparte la supervisión de todo el mercado cripto estadounidense entre la SEC y la CFTC.

Lo que cambia no es la prohibición, es quién puede demandar

El borrador que la Casa Blanca aceptó el 22 de julio veta que el presidente, el vicepresidente y otros altos cargos federales emitan o patrocinen criptoactivos. Cubre también a sus cónyuges. No cubre a los hijos adultos, que son quienes dirigen World Liberty Financial, el proyecto DeFi de la familia Trump. Y encarga la aplicación exclusivamente al Departamento de Justicia.

La contrapropuesta de Tillis y Gallego no toca el verbo prohibido ni la lista de cargos afectados. Solo abre la puerta a que las fiscalías estatales actúen si la federal no lo hace. Según lo reportado por la periodista Eleanor Terrett y recogido por varios agregadores, los legisladores quieren que los fiscales estatales puedan demandar al propio Departamento de Justicia si este no aplica la norma contra un cargo federal. Ese detalle concreto sigue sin confirmación oficial.

La aritmética que vacía la cláusula

Para entender por qué los demócratas no se conforman con la versión de la Casa Blanca hay que juntar dos datos que por separado parecen menores. El primero: el borrador incluye una cláusula de caducidad que apaga las restricciones en enero de 2029. El segundo: mientras Trump sea presidente, el encargado de aplicarlas es su fiscal general, que ahora mismo es el fiscal general en funciones Todd Blanche, antes abogado personal de Trump.

Una persona próxima a las negociaciones del Capitolio se lo resumió a The Block sin adornos: esa caducidad "mata entera la disposición ética". El razonamiento que añadió es el que importa. Es improbable que Blanche abra un procedimiento antes de que expire la norma, y una vez expirada no se pueden presentar demandas nuevas. No es una ventana de aplicación estrecha. Es una ventana que empieza cerrada por un lado y acaba cerrada por el otro.

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El papel ha viajado al revés

Hace diez días la escena era la inversa. El 21 de julio fue la Casa Blanca la que redactó el paquete ético y lo mandó a un grupo de senadores republicanos, con la firma personal de Trump, presentándolo como las restricciones éticas federales más completas jamás propuestas. Lummis y Bernie Moreno cerraron ese acuerdo, y Moreno defendió que es la disposición ética más fuerte aprobada por ningún Congreso. Ahora el texto lo escriben dos senadores, uno de cada partido, y lo mandan a la Casa Blanca. La norma que limita el negocio cripto de un presidente está siendo revisada, en fin de semana, por la administración de ese presidente. La Casa Blanca mantiene que los activos de Trump están en un fideicomiso gestionado por sus hijos y que no hay conflicto de interés. Ninguna de las dos posturas se ha puesto a prueba ante un tribunal, porque la ley que las regularía es precisamente la que no avanza.

Los votos que hacen falta y los que hay

La Cámara aprobó la CLARITY 294-134 en julio de 2025. El Comité Bancario del Senado la sacó 15-9 el 14 de mayo de 2026. Desde entonces no se ha movido del pleno, y ahí la cuenta es otra: hacen falta 60 votos para cerrar el debate. Los republicanos manejan una mayoría efectiva de 52-47, con Mitch McConnell ausente por motivos médicos según Crypto Times. Eso deja unos ocho demócratas por convencer, y solo dos votaron a favor en el comité: Gallego y Angela Alsobrooks (Maryland). Ambos han condicionado su apoyo en el pleno a que las reglas de conflicto de interés sean sólidas, y Gallego lo ha dicho de forma que no admite lectura optimista: sin normas éticas fuertes, los votos demócratas no van a estar. Los dos únicos demócratas que ya dijeron sí son matemáticamente imprescindibles, y son los mismos que están negociando la cláusula que bloquea todo.

El mercado de predicción refleja ese deterioro con precisión incómoda. La probabilidad de que la CLARITY se firme en 2026 ha pasado de superar el 70% en primavera al 43% el 21 de julio, al 36,5% el 28 de julio y al 25% ahora en Polymarket. El 29 de julio la plataforma abrió además mercados senador por senador, apostando si cada uno votará sí. Cuando se empieza a cotizar el voto individual, el resultado ha dejado de ser una cuestión de calendario.

FechaHitoProb. de aprobación
17 julTexto sin publicar, audiencia convocada31%
21 julCasa Blanca cede en la cláusula ética43%
28 julBlackRock, Goldman y Atkins piden el voto36,5%
31 julContrapropuesta Tillis-Gallego en la Casa Blanca32,5%
1 agoRevisión de fin de semana, receso en 6 días25%

Hay un segundo nudo, y no tiene nada que ver con la ética

Aunque el fin de semana salga bien, queda un obstáculo del que se habla mucho menos. El jueves, Brendan Pedersen informó en Punchbowl News de que varios republicanos tienen reservas con los premios de las stablecoins, el mecanismo que permite al usuario cobrar intereses por los dólares digitales que deposita. La banca tradicional lleva meses presionando contra esa figura porque teme que le vacíe los depósitos, y el sector cripto responde que se trata de frenar la innovación.

Ese detalle importa porque cambia la naturaleza del atasco. Si el bloqueo fuera solo ético, sería un problema entre la Casa Blanca y siete u ocho demócratas. Con los premios de las stablecoins encima de la mesa, el proyecto tiene también un frente republicano, y ese no se destraba firmando un papel.

La otra cara

Desde el Tesoro la lectura es la contraria. Scott Bessent culpó el jueves en X a los demócratas de estar eligiendo la política justo cuando Estados Unidos tenía una victoria a mano, y preguntó en qué otro momento de la historia un Congreso ha preferido echar a una industria del país antes que regularla con cabeza. El Crypto Council for Innovation publicó el mismo día un informe advirtiendo de que la mayoría del volumen de los exchanges centralizados ya se negocia fuera de Estados Unidos y que no actuar ahora cede el liderazgo regulatorio a la Unión Europea y compañía.

Y hay un matiz que conviene no perder: que la ley no pase no deja al mercado en el vacío. La interpretación conjunta de la SEC y la CFTC de marzo de 2026 ya clasifica a bitcoin, ether y XRP como materias primas. Lo que la CLARITY haría es volver eso permanente en lugar de reversible por la siguiente comisión. La diferencia entre claridad interpretativa y claridad legal es enorme para quien planifica a cinco años y prácticamente nula para quien opera hoy, lo que explica que el mercado apenas se haya movido: bitcoin en 63.060 dólares con una subida del 0,8% en 24 horas, ether en 1.872 y XRP en 1,064, según CoinGecko.

Lo que viene después
  • Si la Casa Blanca responde antes del lunes. La clausura del debate es un procedimiento de varios días, así que sin respuesta rápida no hay hueco material antes del 7 de agosto.
  • Si aparece el articulado de Tillis-Gallego. Todo lo que se sabe viene de fuentes, no de texto publicado.
  • Si la caducidad de enero de 2029 sobrevive. Es el punto que un negociador describió como el que mata la disposición entera, y ninguna versión reportada la elimina.
  • Qué dicen Gallego y Alsobrooks cuando vean la respuesta. Sin esos dos nombres no hay 60 votos.
  • Si Thune convoca una votación de procedimiento en lugar de una final: ya insinuó esa vía en Fox News, y dejaría la ley viva para la ventana corta de septiembre.
  • El frente republicano sobre los premios de las stablecoins, el nudo que sigue ahí aunque el ético se deshaga.

Queda una ironía difícil de esquivar. La CLARITY Act existe para acabar con años de ambigüedad sobre quién vigila el mercado cripto en Estados Unidos. Lleva dos semanas atascada exactamente en la misma pregunta aplicada a sí misma: quién vigila el cumplimiento de su propia cláusula ética. Mientras eso no se resuelva, la política estadounidense sigue llegando al mercado por la vía de siempre, la del expediente sancionador caso por caso, que es justo lo que la ley pretendía sustituir.

Con información de: The Block, Punchbowl News, Crypto Times, Bitcoin.com, Crypto Briefing, Polymarket, CryptoSlate, Crypto Council for Innovation, CoinGecko.

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Redacción FretchCop
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