La OCC aprueba el banco de la stablecoin de Trump con 20 millones de capital para 4.009 de reservas, y quien firma la promesa de no influir en él es Eric Trump

El documento se publicó a las 4:59 de la tarde en Nueva York, cuando la bolsa llevaba una hora cerrada. Son trece páginas y dos anexos en los que la Oficina del Contralor de la Moneda autoriza a organizar World Liberty Trust Company, National Association, el banco fiduciario que va a emitir USD1, la stablecoin de la empresa cripto ligada a la familia de Donald Trump. La decisión corporativa 1385 impone siete condiciones, once requisitos previos a la apertura y una cifra que no ha salido en ninguna crónica: al banco que administrará los 4.009 millones de dólares que respaldan USD1 se le exige mantener 20 millones de capital propio.

La aprobación es preliminar y condicionada, no es la licencia final. Pero es la pieza que faltaba para que el negocio de emitir la moneda deje de estar en manos de un tercero y pase a una filial de la casa. Y en la misma carta hay dos movimientos que conviene leer juntos: la OCC aparta del expediente a la matriz cuyos accionistas extranjeros preocupaban a los comentaristas, y a la vez usa la relación entre esa familia de empresas y el banco para levantarle un límite legal que existe justamente para las operaciones entre partes vinculadas.

Lo que aprueba la carta y lo que todavía no

Firma Stephen A. Lybarger, contralor adjunto sénior de la oficina que reparte las cartas bancarias. El banco tendrá su sede en Bay Harbor Islands, Florida, será filial al cien por cien de WLTC Holdings LLC y llevará el número de carta 25407. Sus actividades autorizadas son tres: emitir y reembolsar una stablecoin respaldada por dólares y gestionar su reserva, en calidad no fiduciaria; custodiar activos digitales como fiduciario; y convertir stablecoins aprobadas en USD1, solo para clientes de custodia y solo sobre activos que ya tenga en custodia.

Las condiciones son enforzables bajo el artículo 1818 del código bancario, o sea que incumplirlas es materia de expediente. Además de los 20 millones de capital, con al menos la mitad o 10 millones en activos líquidos elegibles, el banco debe reservar 180 días de gastos de explotación sin contarlos dos veces. Cualquier desviación significativa del plan de negocio exige aviso con 60 días de antelación y no objeción por escrito durante los tres primeros años, y el nombramiento de cualquier alto directivo pasa por el mismo filtro. Hay reloj: si el capital no se levanta en 12 meses o el banco no abre en 18, la aprobación caduca, y la OCC advierte que se opone a conceder prórrogas.

Lo que el banco no será tampoco está escondido. No será entidad de depósito asegurada, así que no le aplica el seguro de la FDIC ni la ley de reinversión comunitaria, y no será un «banco» a efectos de la ley de sociedades de cartera bancarias, con lo que su matriz queda fuera de la supervisión de la Reserva Federal. Tampoco piensa pedir cuenta maestra en la Fed, la llave que solo se ha abierto 2 veces entre 52 solicitudes de bancos nuevos.

El negocio que cambia de manos

Aquí está el hecho de mercado que el comunicado de la empresa no menciona. La carta dice, con nombre y apellidos, que el banco planea emitir USD1 a clientes institucionales «asumiendo este papel de BitGo Bank & Trust, National Association, actual emisor y custodio exclusivo de USD1». Y añade que, una vez constituido, el banco pretende adquirir y asumir los activos de reserva de USD1 y los pasivos asociados que hoy están en BitGo.

BitGo cotiza en bolsa. Cerró el viernes a 5,76 dólares, un 4,2% arriba sobre los 5,53 del jueves, con la carta todavía sin publicar y un 76,5% por debajo de su máximo de 52 semanas. Hace dos días esta casa contó que la compañía factura 4.329 millones y se queda 42. La nota de prensa de World Liberty Financial, distribuida a las 16:59 de Nueva York, enumera los exchanges donde circula USD1, presenta al consejo y cita a Zach Witkoff hablando de supervisión federal. No nombra a BitGo ni una vez. Quien quiera enterarse de que el emisor exclusivo pierde la exclusividad tiene que abrir el PDF del regulador.

La afiliación vale para levantar un límite, no para el conflicto

La compra de esas reservas activa la sección 23A de la Ley de la Reserva Federal, el bloque de normas que limita las operaciones de un banco con sus afiliadas. La OCC lo dice de forma directa: por la llamada regla de atribución, la adquisición «podría ser una operación cubierta», porque el beneficio de la compra recae en una empresa vinculada. Y a continuación concede la exención del artículo 223.42(i), la que aplica a bancos recién formados, liberando la operación de los límites cuantitativos, de los requisitos de colateral y de la prohibición de comprar activos de baja calidad. El argumento regulatorio, citado de un texto de 2002, es que la autoridad que otorga la carta ya revisa la operación al aprobar el banco.

En la misma carta, cuando cuatro comentaristas plantean conflictos de interés con el presidente, con los Witkoff y con los inversores emiratíes, la OCC responde que World Liberty Financial, Inc. no es parte de esta solicitud, que sus inversores no tendrán inversión ni control en el banco, y que las objeciones sobre la cláusula de emolumentos y sobre una revisión de CFIUS quedan fuera del alcance de su análisis. El banco, dice, no emitirá, custodiará ni operará el token WLFI.

Conviene ser exacto con la distinción, porque es el nudo del asunto: la sociedad que la OCC deja fuera es World Liberty Financial, Inc., mientras la nota al pie número 2 de la misma página reconoce que USD1 es un producto central de World Liberty Financial LLC y que esa LLC y el banco «comparten propietarios indirectos comunes». Dos entidades con casi el mismo nombre y dos pruebas jurídicas distintas. Legalmente encaja, y la exención del 223.42(i) se concede a cualquier banco de nueva creación. El resultado práctico, en todo caso, es que el vínculo entre estas empresas se reconoce cuando sirve para tramitar el trasvase de reservas y se declara irrelevante cuando toca examinar el conflicto.

Quién firma que no va a mandar

El anexo de la carta es lo más elocuente del expediente y nadie lo ha publicado. Contiene compromisos de pasividad firmados por tres inversores indirectos: DT Marks SC LLC, StringZ Holding RSC (DE) LLC y AMGUS, LLC. El de DT Marks lo firma Eric F. Trump, como presidente de la sociedad. El texto es una lista de renuncias.

DT Marks no mantendrá comunicaciones con consejeros, directivos o empleados del banco con el propósito de influir o dirigir decisiones o políticas de gestión, ni de controlar o intentar controlar el banco. Si estos compromisos no se cumplen estrictamente, DT Marks habrá ejercido intencionadamente una participación de control y quedará sujeta a acción administrativa de la OCC.

La firma tampoco podrá proponer consejeros, ni pedir un puesto en el consejo aunque sea de observador, ni buscar información material no pública, ni intentar influir en dividendos, precios, personal u operaciones. Si algún día pasa del 10% del capital con voto, otorgará un poder a la dirección para que las acciones por encima del 9,9% se voten en la misma proporción que el resto. Detalle documental menor pero real: el cuerpo de la carta fecha esos compromisos el 13 de julio y la conclusión los fecha el 13 de junio.

La OCC no pone objeción a diez nombres, entre ellos Zachary Witkoff como organizador, consejero y presidente, Robert Witkoff, Scott Alper y dos consejeros independientes, Jeffrey Weiner y Erin Baskett. En esa lista no aparece el director financiero que la empresa anunció por su cuenta, Daniel Dietzel, antiguo responsable financiero del bróker Hidden Road. La condición sexta obliga a obtener la no objeción del supervisor antes de nombrarlo, así que es un trámite pendiente y no una contradicción, pero el organigrama del comunicado va por delante del que ha bendecido el regulador.

La otra cara: fue el expediente más lento de la cola

La acusación política es de trato de favor. Los números de la propia OCC dicen lo contrario. La solicitud entró el 6 de enero y se resolvió el 14 de agosto: 220 días. La agencia presume desde su comunicado del 11 de agosto de resolver «en muchos casos» en 120 días desde la solicitud completa, y cuando esta casa midió la cola cripto el 12 de agosto, World Liberty era el expediente más antiguo de todos los visibles.

El plazo se cuenta desde la solicitud completa y la tabla pública recoge la fecha de recepción, así que estos días miden la espera del solicitante y no el reloj interno del regulador. Aun así, la comparación es incómoda para la tesis del atajo. Hay dos datos más en la misma dirección: el periodo de comentarios recibió siete escritos de solo cuatro comentaristas, un volumen ridículo para una solicitud de esta carga política, y la carta insiste en que la decisión se toma por delegación en personal de carrera.

La objeción de fondo que queda en pie no es de plazos sino de estructura, y ya tiene forma legislativa: tras el anuncio, según CoinDesk, Elizabeth Warren, Angela Alsobrooks y Ruben Gallego dijeron que presentarán la Ending Presidential Corruption in Banking Act para prohibir que altos cargos públicos posean o controlen un banco. En enero, cuando Warren pidió parar la tramitación, el contralor Jonathan Gould le respondió que la agencia actuaría sin considerar la política y en sus plazos normales. Ha cumplido las dos partes de la frase, y la segunda le ha salido más lenta que a Morgan Stanley.

USD1 cotizaba a 0,999059 dólares con 4.009 millones de capitalización y unos 601 millones de volumen en 24 horas, según CoinGecko en la madrugada del sábado. El token de gobernanza WLFI valía 0,0555 dólares. El resto del mercado no se movió por esto: bitcoin a 62.981 dólares con un 0,7% menos en el día, ether a 1.882,67 con un 0,2% menos.

Fuentes: OCC (decisión corporativa 1385 y anexos), World Liberty Financial vía Business Wire, CoinDesk, Reuters, Politico, Yahoo Finance, CoinGecko.