Trump deja que empresas privadas hackeen a los estafadores, y más de la mitad del dinero que cita como motivo se perdió en cripto
El memorando que Donald Trump firmó el miércoles autoriza por primera vez a empresas privadas de Estados Unidos a entrar sin permiso en ordenadores ajenos y a destruir infraestructura de…
El memorando que Donald Trump firmó el miércoles autoriza por primera vez a empresas privadas de Estados Unidos a entrar sin permiso en ordenadores ajenos y a destruir infraestructura de bandas criminales extranjeras. Son 2.057 palabras que crean un programa, dos tipos de operación, un anexo clasificado y una fianza mínima de un millón de dólares. En ninguna de esas 2.057 palabras aparece «crypto», ni «digital asset», ni «virtual currency», ni «wallet». Lo he comprobado sobre el texto descargado de la Casa Blanca.
La hoja informativa que acompaña al memorando sí pone una cifra: los estadounidenses declararon pérdidas superiores a 20.800 millones de dólares por delitos cometidos a través de internet en 2025. Ese número es del informe anual del IC3 del FBI, y de sus 20.877 millones, 11.366 estaban ligados a criptomonedas. Es el 54,4%. El programa nace para perseguir un problema que, medido en dinero, es mayoritariamente cripto, y lo hace sin nombrarlo una sola vez.
Qué autoriza exactamente el papel
El memorando presidencial de seguridad nacional, fechado el 12 de agosto, encarga al National Coordination Center crear un programa que autorice a «Participating Companies» a ejecutar dos cosas. Una son las Cyber Surveillance Operations: acceder a sistemas ajenos sin autorización del dueño para recolectar información y quedarse dentro sin ser detectado. La otra son las Cyber Effects Operations: manipular, interrumpir, denegar, degradar o destruir sistemas, redes, infraestructura controlada por sistemas y la información que reside en ellos.
El control queda en manos de dos directores ejecutivos, uno designado por el fiscal general y otro por el secretario de Seguridad Interior. Tienen que revisar cada paquete de operación y dar aprobación escrita antes de que la empresa mueva un dedo. Hay un techo explícito: no pueden aprobar nada que probablemente cause muerte o lesiones graves, ni que llegue al nivel de uso de la fuerza o ataque armado según el derecho internacional. El flujo de trabajo real y el sistema para decidir a quién se puede atacar van en un anexo clasificado que nadie de fuera va a leer.
Lo que cuesta entrar y lo que no viene incluido
Las empresas firman contrato con el Departamento de Justicia o con Seguridad Interior, pasan un filtro de solvencia técnica, seguridad de instalaciones y verificación de personal, y se someten a una reevaluación anual. Los departamentos pueden exigirles mantener una fianza o depósito de garantía de al menos un millón de dólares, que se pierde si la empresa incumple el contrato. La palabra «forfeited» aparece una sola vez en todo el memorando y no se refiere al dinero de los criminales, sino a ese depósito.
La cobertura legal es más fina de lo que parece. El texto dice que el programa se conducirá conforme a la Constitución y las leyes aplicables, «incluida la sección 1030 del título 18», la ley federal que convierte en delito acceder a un ordenador sin autorización. La construcción consiste en que la empresa actúa bajo control y autoridad del Gobierno, y por eso no está delinquiendo. Pero el cierre del documento repite la fórmula habitual: no crea ningún derecho exigible ante los tribunales contra Estados Unidos. Si algo sale mal, la empresa tiene un contrato y una aprobación firmada, no una inmunidad legislada.
Por qué la mitad del dinero es cripto y aun así no se escribe
Las dos primeras barras salen de la misma fuente que cita la Casa Blanca y cuentan algo que el memorando no menciona. El IC3 recibió 181.565 denuncias relacionadas con criptomonedas de un total superior al millón, o sea el 18,2% de los casos, y esas denuncias concentran el 54,4% del dinero. La división es mía: 62.601 dólares de pérdida media por denuncia cripto frente a unos 20.900 en el conjunto. Tres veces más por víctima. Y la categoría estrella, el fraude de inversión, se llevó 8.649 millones, el 41,4% del total, con las criptomonedas presentes en el 72% de esos casos.
El silencio tiene una explicación práctica: el memorando no describe delitos, describe organizaciones. La estafa de cebo romántico, el recinto de trabajo forzado del sudeste asiático y el ransomware son el objetivo; el cripto es el carril por donde sale el dinero. El problema de esa elección de palabras es que el reglamento se escribe entre octubre y febrero, y quien no aparece en el texto tampoco se sienta en esa mesa.
El que más cripto roba queda fuera por definición
Aquí está el límite duro. El memorando define su objetivo así:
Cualquier grupo extranjero que comete delitos a través de medios informáticos contra el Gobierno de Estados Unidos, una persona estadounidense o intereses estadounidenses, y que no sea parte institucional de un gobierno extranjero ni opere enteramente bajo la dirección de un gobierno extranjero.
Chainalysis calcula que en 2025 se robaron 3.400 millones de dólares en cripto y que Corea del Norte se llevó 2.020 millones, un 51% más que el año anterior y cerca del 59% del total, con 6.750 millones acumulados. Es, con enorme diferencia, el mayor ladrón de cripto del planeta. Y el propio Tesoro estadounidense designó en septiembre de 2019 a Lazarus, Bluenoroff y Andariel como entidades controladas por el Gobierno de Corea del Norte y subordinadas a su oficina de inteligencia. La presunción del memorando favorece tratar a un grupo como no estatal salvo que exista inteligencia clara de lo contrario, y aquí esa inteligencia clara la publicó el Gobierno hace siete años en su propio registro de sanciones. Mi lectura es que los grupos norcoreanos quedan fuera por definición, no por olvido. El exchange que demandó a Corea del Norte por 1.500 millones seguirá litigando solo.
El dinero que se recupera ya es cripto
Hay un antecedente que ordena todo esto. En octubre de 2025 el Departamento de Justicia presentó una demanda de decomiso por 127.271 bitcoins, unos 15.000 millones de dólares, contra el presidente del Prince Group, acusado de operar desde Camboya recintos de trabajo forzado dedicados a estafas de inversión en cripto. Fue el mayor decomiso de la historia del departamento y estaba íntegramente en bitcoin. La orden ejecutiva 14390, firmada el 6 de marzo y de la que este memorando es la continuación, pidió estudiar un programa de restitución a víctimas pagado con fondos recuperados, decomisados o incautados a esas organizaciones. La caja de la que saldría ese dinero es cripto, aunque el papel que crea la maquinaria para conseguirlo no lo diga.
Las fechas encajan igual de bien. La orden de marzo daba 120 días para un plan de acción que incluía crear una célula operativa dentro del National Coordination Center; el plazo vencía el 4 de julio y el memorando llega 39 días después. Un detalle poco cómodo: ese centro no nació para esto. Lo creó la sección 6(d) de la orden ejecutiva 14159, la de inmigración de enero de 2025, para dirigir grupos de trabajo cuyo objetivo declarado era acabar con cárteles y bandas extranjeras dentro del país y ejecutar las leyes de inmigración. Ahí es donde se van a autorizar los hackeos de servidores en el extranjero.
La otra cara
Para la industria cripto esto puede ser mejor que lo que hay. Los recintos de estafa de Camboya y Birmania, que sí son grupos privados, entran de pleno en la definición; las empresas de análisis en cadena y los exchanges pueden firmar acuerdos comerciales para aportar la inteligencia que ya recogen en su actividad normal y proponer operaciones concretas contra la infraestructura que mueve ese dinero. Y los controles no son decorativos: aprobación escrita por paquete, parada inmediata y minimización si aparece una persona estadounidense o un sistema alojado en Estados Unidos, notificación al Departamento de Justicia y autorización previa, judicial o de otro tipo, para cualquier actividad que apunte a un estadounidense.
Del otro lado, un programa de hackeo ofensivo cuyo reglamento vive en un anexo clasificado y cuya rendición de cuentas es un informe cada doce meses deja poco margen a la verificación externa. Y hay un límite técnico que conviene no confundir: apagar un servidor no devuelve monedas. Congelar un stablecoin lo hace el emisor con una llamada, no una operación de efectos, y las claves de un monedero no se recuperan degradando infraestructura.
- 11 de octubre de 2026: vence el plazo de 60 días para que los dos directores fijen los procedimientos operativos. Sin ellos no se puede aprobar ninguna operación.
- Si esos procedimientos mencionan activos digitales, incautación de claves o coordinación con el Tesoro, el silencio del memorando era de forma y no de fondo.
- Qué empresas firman. Si aparecen firmas de análisis en cadena o equipos de seguridad de exchanges, la industria cripto entra como proveedor del Estado.
- 8 de febrero de 2027: primer informe del programa. Es la única ventana pública prevista.
- Cualquier reinterpretación de la cláusula de grupos estatales que permita alcanzar a los hackers norcoreanos, y las presiones para conseguirla.
- El programa de restitución a víctimas de la orden 14390: si se financia con bitcoin decomisado, marca cuánto vale el botín recuperado frente a lo robado.
- El primer incidente en que una operación toque por error un sistema en Estados Unidos, porque ahí se verá si la fianza de un millón es el único coste real.
Datos y fuentes: Casa Blanca (memorando y hoja informativa del 12 de agosto de 2026), Federal Register (orden ejecutiva 14390, 91 FR 12051, y orden ejecutiva 14159), FBI IC3 (Informe de Delitos en Internet 2025), Chainalysis (Crypto Crime Report 2026), Departamento de Justicia y Departamento del Tesoro de EE.UU.