Al mayor minero de bitcoin de Rusia no lo tumbaron las sanciones de EE.UU., sino un lote de Antminers que nunca llegó al imperio de Deripaska

Igor Runets pasó cuatro años en la lista de sancionados del Tesoro de Estados Unidos sin que su empresa dejara de crecer. Lo que lo ha metido en un centro de prisión preventiva de Moscú es un pedido de máquinas mineras que, según la acusación, cobró y no entregó. El Tribunal de Distrito Zamoskvoretsky cambió el miércoles su arresto domiciliario por dos meses de SIZO, la prisión provisional rusa, mientras se instruye una causa por estafa a escala especialmente grande.

Runets fundó BitRiver en 2017 y la convirtió en la mayor operación de minería de bitcoin de Rusia. El artículo por el que está imputado, el 159.4 del Código Penal ruso, castiga la estafa cometida por un grupo organizado con hasta diez años de cárcel. El tribunal además embargó sus participaciones en el Grupo de Compañías Fox y en varias estructuras de BitRiver, según The Crypto Times, que sigue el caso a partir de la información de RBC. Ni él ni la empresa habían dicho nada sobre el auto al cierre de esta nota.

Un anticipo de 700 millones de rublos y un lote que nunca llegó

El origen es un contrato mercantil, no una investigación sobre criptomonedas. Infraestructura de Siberia, filial del conglomerado En+, sostiene que pagó más de 700 millones de rublos por adelantado, unos 8,4 millones de dólares, a cambio de un lote de máquinas Antminer que debía recibir en 32 días. CoinDesk sitúa el contrato en 2023 y su importe en ocho millones de dólares. El material, dice la demandante, no apareció.

La vía civil ya se agotó. El Tribunal de Arbitraje de la Región de Irkutsk falló a favor de Infraestructura de Siberia en abril de 2025 y, al no conseguir cobrar por la vía de ejecución, un tribunal de Sverdlovsk abrió el 27 de enero de 2026 la vigilancia previa al concurso sobre Fox, la sociedad que controla el 98% del capital de la gestora de BitRiver. Solo entonces el asunto se volvió penal: los investigadores sostienen ahora que Runets nunca tuvo intención de cumplir el contrato y que usó el anticipo a su conveniencia.

Hay una cifra que conviene mirar con lupa. El daño penal que manejan los investigadores ronda los 1.000 millones de rublos, por encima de los 700 millones del anticipo civil, y la conversión a dólares baila según el medio: 12,5 millones en CoinDesk, unos 12 millones en The Crypto Times, cerca de 13 millones en Crypto Briefing y 10 millones en otros recuentos. Nadie publica el tipo de cambio que aplica. La causa no nace hoy: Runets ya estaba bajo arresto domiciliario desde principios de año por presunta ocultación de deuda tributaria, un expediente abierto en enero y confirmado en febrero, y el nuevo cargo es una ampliación de la misma instrucción.

El acusado y el denunciante están los dos en listas de sanciones

La escena tiene una simetría incómoda. En+ es el holding de metales y energía fundado por Oleg Deripaska, sancionado por Washington, y produce alrededor del 5% del aluminio mundial. BitRiver entró en la lista del Tesoro estadounidense en abril de 2022 por su papel en el sector tecnológico ruso, y en 2023 el grupo financiero japonés SBI cortó sus vínculos con la minera al salir de Rusia. Los dos nombres, el minero y el conglomerado, cargan con el mismo problema exterior y están enfrentados en un juzgado de Moscú por un pedido de hardware.

Eso desmonta una idea muy repetida en el sector: que el riesgo de una minera rusa vive en Washington. La lista de sanciones le cerró bancos, clientes extranjeros y proveedores, y aun así BitRiver siguió abriendo naves y anunció en 2024 planes para el mayor centro de datos de inteligencia artificial del país. Lo que ha acabado con su fundador es el Código Penal de su propio país aplicado a un contrato de suministro.

Lo que se vendía no era la máquina, era el megavatio

La lectura industrial del caso está en quién compraba. Infraestructura de Siberia no es un cliente cualquiera: es la pata de infraestructura digital de la empresa que posee las centrales hidroeléctricas con las que se mina en Siberia. Cuando el dueño de la presa compra sus propios Antminer, deja de necesitar al intermediario que le alquilaba naves y le operaba las máquinas. El activo escaso de la minería rusa nunca fue el equipo ni el conocimiento técnico, fue el acceso a electricidad barata, y ese acceso pertenece al conglomerado, no al minero.

Las cifras del auge lo explican. BitRiver llegó a operar unos 175.000 equipos en 15 centros de datos con 533 megavatios y facturó alrededor de 129 millones de dólares en 2024, el año en que Bloomberg estimó la fortuna personal de Runets en unos 230 millones. A finales de ese mismo año la empresa recortaba costes y retrasaba nóminas; en 2025 llegaron los despidos y la salida de casi toda la dirección.

Rusia legalizó la minería y después la fue apagando por regiones

El derrumbe coincide con el giro del Estado. Vladímir Putin firmó en agosto de 2024 la ley que legalizó la minería de criptomonedas, y cuatro meses después el Gobierno vetó la actividad durante seis años en diez regiones por consumo eléctrico. Una instalación de BitRiver en Ingusetia fue cerrada a principios de 2025 con intervención policial al amparo de una de esas prohibiciones regionales. El Ministerio de Energía tiene además un borrador que extendería el veto a Moscú y su entorno hasta 2032.

La otra cara: Runets sostiene que el material se entregó

El acusado niega el hecho central. En declaraciones recogidas antes por ForkLog afirmó que el equipo sí se entregó, que Fox está recurriendo el fallo arbitral y que piensa reclamar a En+ las pérdidas que sus empresas sufrieron durante los cierres. Hay un caso civil resuelto en su contra, pero no hay sentencia penal, y la prisión provisional en Rusia no prejuzga la culpabilidad.

El matiz importa por dos motivos. El primero es que un contrato incumplido por una empresa que se quedó sin ingresos y sin regiones donde operar admite dos lecturas, la del fraude planificado y la de la insolvencia sobrevenida, y la frontera entre ambas es exactamente lo que decidirá el tribunal. El segundo es el contexto: en Rusia, cuando el denunciante es una estructura de un oligarca con acceso al poder, el resultado judicial y la señal política llegan juntos. El propio recorrido del expediente, que empezó por impuestos y se amplió al contrato después de que la vía civil no cobrara, es el patrón habitual cuando un acreedor bien conectado no consigue su dinero.

Ninguna de las dos cifras que circulan cuadra con la otra: el anticipo civil son 700 millones de rublos y el daño penal casi 1.000. La diferencia es la que separa un contrato roto de un delito.

Para el resto del mercado, la lección es la de siempre en minería y se parece a la que dejó la quiebra de Poolin: el negocio no es el bitcoin que se extrae, es el contrato de energía que lo hace posible, y quien no lo firma en su nombre depende de que el que sí lo tiene siga necesitándolo. Rusia legalizó la minería en 2024 y este mismo mes de julio ha visto cómo el fundador de su mayor operadora pasa del arresto domiciliario a la cárcel preventiva mientras el Kremlin, que reconoce el bitcoin como propiedad para esquivar sanciones, aprieta a la industria que lo produce. El bitcoin, mientras tanto, cotiza en torno a 64.800 dólares con una subida del 0,3% en el día.

Documentación: CoinDesk, Pravo.ru, RBC vía The Crypto Times, Crypto Briefing, The Block, Bitcoin.com, Bloomberg, ForkLog.