Rusia prohíbe minar bitcoin en Moscú hasta 2032, y el gigavatio que quiere apagar pesa más que todos los centros de datos declarados de la capital
El número que el Gobierno ruso pone sobre la mesa para justificar el veto son 734 megavatios: los 65 centros de datos conectados a la red de Moscú y su región. El que ese veto pretende…
El número que el Gobierno ruso pone sobre la mesa para justificar el veto son 734 megavatios: los 65 centros de datos conectados a la red de Moscú y su región. El que ese veto pretende sacar de la red es más grande. La minería de criptomonedas en el área de Moscú consume alrededor de 1 gigavatio, más que todos los centros de datos declarados juntos. Lo que se prohíbe pesa más que lo que está inventariado.
La resolución 936, firmada por el primer ministro Mijaíl Mishustin el 25 de julio y publicada el viernes 31 en el boletín oficial de actos jurídicos, añade Moscú, la región de Moscú y ocho distritos más la ciudad de Lgov, en la región de Kursk, a la lista de territorios donde la minería está prohibida. Entra en vigor el 15 de agosto y dura hasta el 31 de diciembre de 2032. No es una prohibición nacional ni una vuelta atrás sobre la ley que legalizó la actividad en 2024: es la tercera ronda de un procedimiento que se ha ido comiendo el mapa por trozos, y la primera que llega a la capital.
La geografía del veto se ha dado la vuelta
Las dos primeras rondas siguieron el dinero de la electricidad barata. La resolución 1869, de diciembre de 2024, prohibió minar y participar en pools en diez territorios desde el 1 de enero de 2025: seis repúblicas del Cáucaso Norte y los cuatro territorios ucranianos bajo control ruso. En paralelo restringió por temporada partes de Irkutsk, Buriatia y el Krai de Zabaikal, las tierras del carbón y las hidroeléctricas siberianas. En marzo, Buriatia y Zabaikal pasaron a veto continuo hasta 2031.
Moscú no encaja en ese patrón. La luz en la capital es de las más caras del país y el margen de un minero es la diferencia entre el kilovatio y la recompensa del bloque, así que sobre el papel allí no debería haber granjas. Hay un gigavatio. Lo que atrae a esa capacidad no es la tarifa: es la conexión, la nave reconvertida y el alojamiento en instalaciones ajenas. El veto no ataca a la minería que se ve desde la carretera en Siberia, sino a la que comparte acometida con oficinas y viviendas.
| Ronda | Territorios | Vigencia |
|---|---|---|
| Res. 1869 (dic-2024) | Cáucaso Norte y cuatro territorios ucranianos ocupados | 1-ene-2025 a 15-mar-2031 |
| Res. 1869, estacional | Partes de Irkutsk, Buriatia, Zabaikal | 15-nov a 15-mar, cada año |
| Marzo-2026 | Partes de Buriatia y Zabaikal, ya continuo | 1-abr-2026 a 15-mar-2031 |
| Res. 936 (jul-2026) | Moscú, región de Moscú, 8 distritos de Kursk y Lgov | 15-ago-2026 a 31-dic-2032 |
El decreto está tarifado contra un gráfico de demanda
La fecha de caducidad no parece elegida por conveniencia política. Los 734 megavatios de hoy se proyectan hasta 3,6 gigavatios en el área metropolitana, cerca del 17% de la carga máxima, precisamente para 2032: el decreto expira el año en que la previsión de red deja de existir. La comisión gubernamental de electricidad revisó el expediente en mayo y el Ministerio de Energía publicó el borrador el 26 de junio, con arranque previsto para el 1 de julio que después se movió al 15 de agosto. La conclusión que trascendió es que la aportación económica de la minería no justifica su huella energética. No es un juicio moral sobre el bitcoin, es una asignación de capacidad en la que la minería quedó última. La cola, eso sí, no se estrecha para todos: en el mismo horizonte de cinco años Rusia proyecta 15,3 gigavatios de capacidad total en centros de datos. El Estado no está contra los vatios, está contra este uso de los vatios.
Tres meses antes, el ministerio decía que no le tocaba
En abril, el Ministerio de Energía dijo que no había planes de prohibir la minería en Moscú y que unas restricciones así solo podían venir de las autoridades regionales. En junio redactó el borrador de un decreto federal y el 25 de julio lo firmó el primer ministro. Cuando la restricción depende de la región, un operador puede negociar, mudarse al distrito de al lado o esperar un cambio de gobernador. Cuando la firma la Casa del Gobierno, el instrumento es el mismo que se usó para el Cáucaso. La minería rusa lleva dos años aprendiendo que su marco legal es una lista de sitios, no un derecho.
El decreto solo alcanza a quien se apuntó
La ley 221-FZ legalizó la actividad en agosto de 2024 y activó en noviembre el registro de mineros y operadores de infraestructura del Servicio Federal de Impuestos. Ese registro es el único mapa que existe, y está casi vacío: la exposición de motivos del proyecto que criminaliza la minería no declarada, aprobado en primera lectura en la Duma el 27 de mayo, calcula unas 50.000 personas y empresas minando en Rusia y solo 1.489 inscritas. Alrededor del 3%. El propio Estado firma esa cifra para pedir penas de hasta cinco años de cárcel y multas de 2,5 millones de rublos.
Un veto territorial es una orden dirigida a una lista. Prohibir minar en Moscú saca del mapa al minero declarado, el que paga impuestos, tiene contrato de suministro y una dirección donde recibir la notificación. Al gigavatio que nadie declaró no le llega ningún papel. Por eso las dos piezas van juntas: la criminalización pendiente de trámite y la ampliación del registro de mayo, que ahora exige declarar direcciones IP. El decreto marca el territorio; el registro y el código penal lo hacen ejecutable. Queda una discrepancia sin resolver: el fisco dijo en febrero que más de 5.500 mineros habían salido de la economía sumergida, cifra que no cuadra con los 1.489 del expediente legislativo.
Kursk, donde la red es una baja de guerra
El tramo de Kursk se lee distinto. Son ocho distritos y la ciudad de Lgov, en una región fronteriza cuyo gobernador, Alexander Jinshtein, ha vinculado la crisis eléctrica del territorio al conflicto en Ucrania. Rusia legalizó la minería en 2024 en buena parte para tener una vía de cobros transfronterizos que sobreviviera a las sanciones, un cálculo que ya contamos en julio, y ahora la veta en la región donde la infraestructura está más castigada. Las dos decisiones son coherentes si se entiende que el bitcoin nunca fue el objetivo: era un instrumento, y cuando el instrumento compite con el suministro civil, pierde.
La semana tampoco ha sido buena para el sector. El 29 de julio un tribunal envió a prisión preventiva a Ígor Runets, fundador de BitRiver, la mayor minera del país, por una causa de estafa a gran escala que cubrimos el jueves. El decreto se firmó cuatro días antes de esa decisión y se publicó dos después. No hay relación causal conocida y conviene decirlo: el expediente eléctrico venía de mayo y la causa penal, de un contrato de 2023. El efecto acumulado sí es real: en siete días la minería rusa perdió al fundador de su mayor operador y el derecho a operar en la capital.
La otra cara: el golpe al hashrate es discutible
Rusia es el segundo país del mundo por potencia de cálculo dedicada a bitcoin. Hashrate Index la sitúa en el 17,2% del total en el tercer trimestre, Kommersant en torno al 15,5% y la Asociación de Minería Industrial en una banda del 13% al 17%, advirtiendo de que medirlo con precisión es difícil. Sobre esa base es tentador leer el veto como un recorte inmediato de la red global, y conviene frenar. Un gigavatio, con eficiencias de flota de entre 20 y 30 julios por terahash, equivale a entre 33 y 50 exahashes por segundo: del 3% al 5% de una red que rondaba los 1.004 exahashes de media en el segundo trimestre. Es una estimación propia con supuestos explícitos, no un dato publicado, y acota el orden de magnitud: importante, no decisivo.
Hay dos razones para esperar menos incluso de eso. Las máquinas se mueven, y el destino natural de un contenedor apagado cerca de Moscú es Kazajistán o Estados Unidos, con una dificultad de red que se reajusta cada dos semanas y premia a quien se queda. Y está el registro: si el 97% de la actividad no está inscrita, el 15 de agosto no apaga el gigavatio entero, apaga la parte identificable. Contra esto, el argumento del Gobierno se sostiene en sus propios términos: un país con déficit de capacidad en su área más poblada tiene que priorizar, la minería es el consumo industrial más fácil de trasladar sin coste social, y ninguna de las tres rondas ha tocado la tenencia ni el comercio de criptomonedas.
- El 15 de agosto: si aparece alguna instrucción de aplicación que aclare cómo se identifica y se corta a un minero no inscrito, o si el decreto se queda en el papel.
- La segunda y tercera lectura del proyecto que criminaliza la minería no declarada. Sin él, el registro sigue siendo voluntario en la práctica.
- El recuento de inscritos después del 15 de agosto, y si alguien reconcilia los 1.489 del expediente legislativo con los 5.500 que anunció el fisco en febrero.
- Si aparecen más regiones en la lista. Ya van más de trece territorios y la comisión eléctrica dejó dicho que el listado no es definitivo.
- El destino de la capacidad liberada: si las nuevas conexiones en Moscú van a los 15,3 gigavatios de centros de datos proyectados, el veto es una reasignación y no un ahorro.
- El reparto geográfico de potencia de cálculo del cuarto trimestre, primera medición que recogerá el efecto sobre la cuota rusa.
- Qué pasa con las instalaciones de BitRiver mientras su fundador está en prisión preventiva, y si alguna queda dentro de los territorios vetados.
La lectura útil de la resolución 936 no es que Rusia se haya vuelto contra el bitcoin, sino que la minería ha dejado de ser política cripto para convertirse en un renglón de la planificación eléctrica, evaluado como se evalúa una fábrica de aluminio. Ahí no se discute si la tecnología es buena, se discute cuántos megavatios merece. En la capital la respuesta ha sido cero hasta 2032.
Datos y fuentes: boletín oficial de actos jurídicos de la Federación Rusa (resolución 936 de 25-jul-2026, publicación 0001202607310027), TASS, Cointelegraph, The Crypto Times, Crypto Briefing, Meduza, Hashrate Index, Kommersant, Asociación de Minería Industrial, Servicio Federal de Impuestos de Rusia.